Es de suma importancia que se siga trabajando, y adaptando a la actualidad, las leyes y mecanismos que aseguran el derecho y democracia informática. Es imposible convivir, así sea en una plataforma intangible, en un espacio en el cual reinan billones de intereses sin plantear una red de normativas que orientan a que el desarrollo de ese medio de información le sean filtrado las incorrectas acciones de usuarios mal intencionados.
No es tan transcendental definir si son los gobernantes y poderes públicos quienes se encarguen de regular el ciberespacio, o son más bien los diseñadores y administradores de sistemas, lo esencial es tener claro que se necesita es equilibrar los trabajos de dichos entes públicos gubernamentales, con los públicos y privados civiles a manera de definir los mejores estándares de seguridad, privacidad y libertad que conlleven a una exitosa democracia informática.
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